Por: LVI
Más de 170,000 inmigrantes procedentes de El Salvador han entrado en una fase crítica de incertidumbre legal ante el próximo vencimiento del Estatus de Protección Temporal (TPS), fijado para el 9 de septiembre. La inminente expiración del programa humanitario deja a los beneficiarios al borde de perder sus autorizaciones de empleo y quedar expuestos a expedientes de deportación dentro del territorio estadounidense.
La situación ha desatado preocupación en comunidades de alto asentamiento como Los Ángeles, donde organizaciones sociales reportan un incremento significativo de consultas por parte de familias que temen la pérdida inmediata de su estatus legal.
Un amparo histórico bajo presión ejecutiva
El programa, concedido originalmente en febrero de 2001 tras los destructivos terremotos que afectaron a la nación centroamericana, atraviesa uno de sus momentos más complejos:
- Temor e incertidumbre en la comunidad: Teresa Tejada, directora de la Asociación de Salvadoreños de Los Ángeles (Asosal), confirmó que las oficinas de atención comunitaria han registrado una alta demanda de llamadas de ciudadanos atemorizados por la falta de un anuncio de prórroga oficial.
- Perspectiva de los especialistas: Abogados de inmigración señalan que la renovación resulta poco probable debido a la línea restrictiva mantenida por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y los antecedentes del Ejecutivo estadounidense respecto a este programa.
- Antecedente de cancelación: En enero de 2018, durante el primer mandato de Donald Trump, el DHS ordenó la cancelación del TPS para El Salvador, otorgando en aquel momento un periodo de transición de 18 meses para que los cerca de 180,000 beneficiarios buscaran alternativas de regularización o abandonaran el país.
El vencimiento del plazo sin una extensión formal colocará a miles de trabajadores esenciales y sus familias ante el dilema de someterse a la irregularidad o explorar vías de alivio individual a través de las cortes de inmigración.
