Foto: Notigram
Redacción LVI
Estas líneas narran la odisea de Lázaro Romero León, un cubano de 59 años que fue deportado ilegalmente por las autoridades de EE.UU. a México, violando la orden directa de un juez federal. Tras casi tres meses de precariedad en el sur mexicano, el gobierno estadounidense se vio obligado a repatriarlo.
El origen del conflicto y el «error de comunicación»
Lázaro Romero residió durante 28 años en Puerto Rico trabajando en el sector de la construcción. Aunque sobre él pesaba una orden de expulsión desde 2002 debido a delitos cometidos hace 25 años (por los cuales ya había cumplido condena), la falta de acuerdos de deportación entre EE.UU. y Cuba le permitió continuar su vida bajo una orden de supervisión, presentándose periódicamente ante el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Sin embargo, la situación cambió drásticamente el 20 de mayo de 2025, cuando agentes del ICE lo detuvieron en su domicilio. A pesar de que su abogada interpuso un recurso de hábeas corpus y de que el juez federal Hernán Diego Vera ordenó explícitamente suspender cualquier traslado fuera de EE.UU. mientras se resolvía el caso, Romero León fue deportado a México el 16 de febrero de 2026 debido a lo que el gobierno calificó como un «aparente error de comunicación».
Tres meses de abandono en México
Al ser expulsado sin documentos ni dinero, Romero León enfrentó condiciones extremas en Tapachula (Chiapas), una ciudad cercana a la frontera con Guatemala:
- Indigencia: Tuvo que vivir en la calle vistiendo la misma ropa con la que fue detenido y sobreviviendo gracias a la caridad de desconocidos.
- Detenciones arbitrarias: Fue retenido por agentes migratorios mexicanos en múltiples ocasiones y abandonado en la frontera guatemalteca.
- Intentos fallidos de retorno: El ICE intentó regresarlo a EE.UU. en tres ocasiones (por avión y autobús), pero la falta de identificación adecuada provocó que las autoridades mexicanas lo bajaran de los transportes y lo detuvieran nuevamente.
Un cambio de paradigma en la política migratoria
El caso de Lázaro se enmarca dentro de la intensificación de las medidas migratorias del segundo mandato de Donald Trump en 2025. Ante la imposibilidad de retornar a ciertos ciudadanos a sus países de origen (como Cuba o Venezuela), EE.UU. ha expandido el uso de «terceros países receptores» (como El Salvador, Panamá, Costa Rica y, mediante acuerdos informales, México) para acoger a estos deportados.
Según datos de Human Rights Watch, entre enero de 2025 y marzo de 2026, el gobierno de EE.UU. envió a casi 13.000 extranjeros a México; de ellos, más de 4.300 eran de nacionalidad cubana.
Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) defendió su postura argumentando que Romero es un «inmigrante ilegal criminal» debido a su historial delictivo del pasado, asegurando que el gobierno simplemente aplica la ley y cumple con el Estado de derecho.
El regreso a Estados Unidos
Finalmente, tras la insistente presión judicial de su defensora pública y la posterior coordinación formal entre las autoridades mexicanas y estadounidenses, el 8 de mayo de 2026 se le otorgó un salvoconducto a Romero León. Esto le permitió abordar un vuelo a Tijuana y cruzar la frontera de regreso a EE.UU. Actualmente se encuentra libre bajo supervisión en Los Ángeles, concluyendo una pesadilla burocrática y humanitaria de casi tres meses.
