Redacción LVI
En un movimiento que sacude los cimientos de la asistencia humanitaria en Florida, la administración de Donald Trump ha cancelado de manera abrupta su contrato millonario con Catholic Charities (Caridades Católicas). La decisión pone fin a 60 años de colaboración ininterrumpida entre el gobierno federal y la Iglesia católica en la atención a menores migrantes.
Esta oficina ha sido, desde la década de los 60, el pilar encargado de albergar y cuidar a menores no acompañados, una labor que inició con la llegada de los primeros exiliados cubanos bajo el programa «Pedro Pan».
El arzobispo de Miami, Thomas Wenski, confirmó la notificación recibida por parte de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR). Las consecuencias para la Arquidiócesis son inmediatas y devastadoras:
- Cierre de albergues: La organización tiene un plazo máximo de tres meses para clausurar sus centros de atención.
- Desalojo financiero: La Iglesia queda despojada de la financiación federal necesaria para sostener las operaciones diarias.
- Pérdida de un referente: Wenski lamentó que se deseche un sistema de cuidado que durante décadas fue considerado un «modelo para otras agencias en todo el país».
Trasfondo: La guerra de palabras con el papa León XIV
Analistas coinciden en que esta cancelación no responde a deficiencias operativas, sino que es la consecuencia directa de la escalada de hostilidades entre Trump y el papa León XIV.
El mandatario ha criticado recientemente al Pontífice por su postura sobre la paz en Irán y su oposición a la intervención militar en Venezuela, llegando a calificar la influencia del Papa como «terrible en política exterior». La ruptura del contrato en Miami se interpreta como la primera represalia tangible del Ejecutivo contra las instituciones vinculadas a la Santa Sede.
¿Qué pasará con los menores?
La gran incógnita que queda en el aire es el destino de los cientos de menores que actualmente residen en los albergues de Catholic Charities. Con el cierre forzado en marcha, la administración Trump deberá decidir si traslada a estos niños a instalaciones gestionadas por empresas privadas o si los integrará en centros de detención federales, una medida que ya genera alarmas entre las organizaciones de derechos humanos.
