Redacción LVI
En medio de una movilización oficialista contra las sanciones internacionales en Caracas, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció un nuevo ajuste en el ingreso mínimo integral de los trabajadores, elevándolo a 240 dólares mensuales.
Este incremento, que suma el salario base y diversos bonos gubernamentales, surge como respuesta a las crecientes demandas de los gremios laborales y tras los recientes acercamientos diplomáticos y petroleros con Estados Unidos.
Detalles del anuncio
Aunque la cifra global representa un avance nominal, el anuncio dejó algunas interrogantes técnicas debido a la estructura de pagos en el país:
- Ingreso Mínimo Integral: Se fija en el equivalente a $240.
- Salario Mínimo: Rodríguez no precisó si habrá un ajuste al salario base, el cual permanece congelado en 130 bolívares desde 2022 (menos de un dólar a tasa actual).
- Bonificaciones: El aumento se apoya principalmente en bonos que no tienen incidencia en prestaciones sociales ni beneficios laborales.
“No habíamos tenido un incremento que nos permitiera tener este nivel. Es el más importante de los últimos años”, destacó la mandataria encargada ante una multitud en la autopista Gran Cacique Guaicaipuro.
Impacto en pensionados y sector privado
El ajuste también alcanzó a los sectores más vulnerables de la población, aunque con montos diferenciados:
- Pensionados: Recibirán el equivalente a 70 dólares mensuales. Rodríguez admitió que la cifra «no es suficiente» y ordenó la creación de brigadas de atención casa por casa para adultos mayores.
- Sector Privado: La mandataria exhortó a las empresas privadas a nivelar los ingresos de sus empleados en caso de que actualmente perciban montos inferiores al nuevo mínimo integral.
Este movimiento económico se da apenas dos meses después de un ajuste previo a $190, financiado en gran medida por la reactivación de la industria petrolera y la venta de fueloil tras las negociaciones con Washington. El incremento busca aliviar la presión social en un año marcado por la apertura de mercados y la flexibilización parcial de las sanciones energéticas.
