Redacción LVI
En un fallo de enorme trascendencia política y migratoria, la Corte Suprema de los Estados Unidos asestó un duro revés a las aspiraciones del presidente Donald Trump al rechazar de forma oficial su intento de suprimir, de manera unilateral y mediante decreto ejecutivo, el derecho a la ciudadanía por derecho de nacimiento (conocido históricamente como ius soli). Con una votación de 6 contra 3, el máximo tribunal del país bloqueó la orden presidencial que pretendía impedir que los hijos de inmigrantes indocumentados nacidos en suelo norteamericano obtengan la nacionalidad automáticamente.
El dictamen principal fue redactado por el presidente de la Corte, John Roberts, quien unió su voto al bloque liberal integrado por las juezas Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson, así como a las posiciones de los magistrados de tendencia conservadora Amy Coney Barrett y Brett Kavanaugh. Por su parte, los jueces Clarence Thomas, Samuel Alito y Neil Gorsuch emitieron un voto disidente al posicionarse a favor de la medida de la Casa Blanca.
Un fallo unánime sobre el abuso de poder, pero dividido en lo constitucional
La sentencia judicial dejó en evidencia una compleja fractura legal en el seno del tribunal sobre los alcances a largo plazo del Congreso de los EE. UU.:
- Bloqueo al decreto presidencial (6-3): Los seis jueces de la mayoría coincidieron plenamente en que la acción unilateral de Donald Trump es completamente ilegal. El texto detalla que el presidente violó normativas federales consagradas por el Congreso en las leyes de 1940 y 1952, las cuales recogieron la jurisprudencia y la interpretación histórica de la Corte de 1898 sobre la Cláusula de Ciudadanía.
- La fisura legislativa (5-4): Aunque Trump perdió el caso, los magistrados se fracturaron de cara al futuro. Cinco de ellos votaron que la ciudadanía por nacimiento es un derecho absoluto blindado por la propia Constitución. No obstante, el juez Brett Kavanaugh, secundado en parte por otros sectores, dejó abierta una peligrosa rendija jurídica.
Kavanaugh puntualizó que las leyes actuales de EE. UU. protegen a millones de personas de los alcances de la orden ejecutiva, por lo que el presidente no posee las competencias legales para anularlas por la vía del decreto. Sin embargo, su criterio abre la puerta a que una futura mayoría legislativa en el Congreso sí pueda modificar o restringir la ciudadanía por nacimiento de manera ordinaria, abriendo un precedente interpretativo que se discutirá a nivel político en los próximos años.
