El Salvador es actualmente el país con las calificaciones de riesgo más bajas de Centroamérica y de las más bajas de América Latina. Todas sus notas están ubicadas en las partes más inferiores en las escalas de calificación en los rangos de C, salvo la mejora que hizo S&P en noviembre pasado que subió de CCC a B- la nota del país; aunque igualmente indica grado “especulativo”.
De parte de la calificadora Fitch Ratings El Salvador mantiene un CCC+, que bajó por unos instantes a RD o default selectivo después de que en mayo de 2023, se realizara el canje de la deuda previsional, cuando los Certificados de Inversión Previsional (CIP) fueron canjeados por Certificados de Financiamiento de Transición (CFT), emitidos por el Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP).
“La calificación ‘CCC+’ de El Salvador refleja posiciones de liquidez fiscal y externa que han mejorado en relación con las expectativas previas de Fitch y luego del pago de importantes amortizaciones de bonos globales a principios de año, pero siguen siendo ajustadas, y sigue manteniendo un acceso restringido al mercado y una alta dependencia de deuda a corto plazo”, señalaba el informe de la calificadora en mayo pasado.
Mientras que Moody’s mantiene una nota de Caa3 y el año pasado mejoró la perspectiva de negativa a “estable”. Pero esta nota es el antepenúltimo nivel más bajo de la escala de esta calificadora de riesgo.
Y S&P, que la mejoró a B-, señaló que hizo este cambio gracias al programa de reestructuración de la deuda a corto plazo ya que este implicaría una reducción en “las necesidades de refinanciamiento y mitigará el riesgo de un incumplimiento en los próximos dos años”.
¿Porqué?
El Consejo Monetario Centroamericano consolidó en su reporte anual, cómo han venido variando las calificaciones de riesgo de los países de Centroamérica y República Dominicana, y los cambios que se han dado en todas las naciones han implicado mejoras en las notas.
Pero en el caso salvadoreño, a excepción de los cambios de S&P, las notas se mantienen igual que en 2022. ¿Por qué?
Para la economista Tatiana Marroquín, los análisis crediticios que hacen las calificadoras no tienen solo que ver con los resultados inmediatos, sino con las proyecciones a futuro de un país y a pesar de que la recaudación del país ha subido, las demás variables también. “Este gobierno ha tenido recaudaciones históricas, pero también gasto y endeudamiento históricos”, señala.
Esa mayor recaudación (creció un 4.8% más que en 2022 o $326.3 millones) no se ha dado un real ordenamiento, ni consolidación fiscal en el país, sino que puede ser estacional, o por el factor precios, explica.
“No está relacionada con un ordenamiento fiscal y además, se están postergando pagos muy importantes como la deuda de pensiones (por la reforma). Al momento de analizar estas variables, son coyunturales, no han cambiado la estructura, ni ordenado, seguimos a la deriva”, añade.
Lo que para S&P fue un motivo de mejora, al reestructurar la deuda de corto plazo a mediano y largo plazo, para la economista no proviene de un “interés real” del Estado salvadoreño de tener sostenibilidad sino de una “presión de los acreedores de tener claridad de cuándo les iban a pagar”.
Además, para Moody’s esta reestructuración implica siempre una continua dependencia de una “costosa deuda interna” y aunque se reduzcan las necesidades de financiamiento “el beneficio general para el perfil crediticio del soberano será marginal a medida que las autoridades están negociando un perfil de vencimiento interno más largo a cambio de tasas de interés más altas en los títulos de mayor duración”.
Por otra parte, la previsibilidad es un tema reiterativo en los análisis de las calificadoras de riesgo, que también señalan la necesidad de que el país cuente con un plan fiscal de mediano plazo y a ello Marroquín agrega otro punto fundamental que es la transparencia.
“No se tiene claridad de las finanzas públicas, no se sabe con exactitud como está la situación financiera, ni fiscal, pueda que no tenga tanto peso (para las calificadoras) pero sí debería de ser un tema muy relevante para un acreedor del estado salvadoreño, sobre todo al darse cuenta que se está escondiendo o reservando información de miles de millones de dólares”, advierte.
La presión
Las calificadoras señalan que la manera de aumentar esas notas serían por hacer mayores esfuerzos “de consolidación fiscal” para así reducir “las necesidades de financiamiento”.
Esa consolidación también podría incidir en un aspecto básico para una mejora: “el desbloqueo de fuentes de financiamiento adicionales”.
El Salvador se enfrenta cada vez a menos opciones de financiamiento hacia afuera. Sin un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) tampoco abren “completamente el grifo financiero”.
Y tal como advertía esta semana el economista y expresidente del BCR, Carlos Acevedo, las cuotas con las multilaterales regionales como el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el Banco de Desarrollo de América Latina, se están “topando”.
“Fitch sigue monitoreando si Bukele llega a un acuerdo con el FMI que podría aliviar las severas restricciones financieras y desbloquearía financiamiento multilateral adicional. Un potencial acuerdo con el FMI podría acelerar las medidas para fortalecer las finanzas públicas, consolidar y ayudar a reducir la relación deuda/PIB, contribuyendo a mejorar el perfil crediticio de El Salvador”, recalcaba Fitch después de las elecciones.
