Por LVI
El Poder Legislativo de Nicaragua, bajo el control de la bancada oficialista, avanza en la confección de una modificación parcial a la Carta Magna orientada a consagrar legalmente la exclusión de cualquier facción crítica de las futuras contiendas electorales. El presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, confirmó de manera categórica que las enmiendas en curso prohibirán el ejercicio de derechos políticos a todos aquellos ciudadanos o dirigentes catalogados de forma unilateral por las autoridades estatales como «golpistas» o «traidores a la patria».
El proyecto normativo, que entrará en la fase formal de debates a partir del mes de septiembre, no solo consolida un filtro judicial e ideológico sobre los aspirantes a cargos de elección popular, sino que reestructura la arquitectura institucional del Ejecutivo. Entre las disposiciones centrales destaca la extensión del período de la Presidencia de la República, el cual pasará de seis a siete años de duración, añadiendo mecanismos legales que facultan la prórroga continua del ejercicio del cargo.
Inhabilitación de derechos civiles y articulación con los cuerpos de seguridad
El anuncio de los alcances legislativos tuvo lugar tras una sesión de la comisión especial parlamentaria dedicada al dictamen de la enmienda. Dicha reunión contó con la comparecencia directiva del Ejército de Nicaragua y la Policía Nacional, instituciones que manifestaron su respaldo irrestricto al empaquetado de cambios constitucionales.
- Cancelación del derecho al voto y candidatura: La redacción propuesta veta de manera explícita el acceso al sistema político a quienes la administración gubernamental considere promotores de desestabilización. «Los golpistas, los traidores a la patria, los que atenten contra la independencia, la soberanía y la autodeterminación de Nicaragua, los que violen la Constitución, ninguno de esos puede tener derecho político», aseveró Porras al término del encuentro de trabajo.
- Supresión de barreras a la permanencia: El planteamiento parlamentario se alinea con las posturas expresadas públicamente por el mandatario Daniel Ortega, quien días atrás sugirió la inaplicabilidad de las pautas que limitan la reelección, planteando incluso la posibilidad de prescindir de los comicios tradicionales.
- Alineamiento militar y policial: La inclusión activa de los mandos de la fuerza pública en el proceso de revisión reafirma el carácter coercitivo de la reestructuración, asegurando la aplicación institucional de las nuevas prohibiciones una vez sean sancionadas en el pleno.
El marco normativo en desarrollo institucionaliza las prácticas de destierro, despojo de nacionalidad y encarcelamiento de referentes opositores que han sido objeto de severas advertencias por parte de organismos defensores de derechos humanos a nivel internacional. De concretarse el paquete legislativo en la agenda de septiembre, Nicaragua transformará su texto supremo para impedir formalmente el retorno de un sistema pluralista de partidos.
