El Gobierno de Estados Unidos instó al de Honduras a reevaluar su decisión de poner fin al tratado bilateral de extradición, subrayando que dicho acuerdo sigue vigente por el momento.
«La extradición es una valiosa herramienta de aplicación de la ley que ha beneficiado tanto al pueblo de Honduras como a Estados Unidos. Urgimos firmemente al Gobierno de Honduras a reconsiderar esta decisión», declaró a EFE un portavoz del Departamento de Estado de EE.UU.
El miércoles, el Gobierno hondureño notificó a la Embajada de EE.UU. en Tegucigalpa su decisión de «dar por terminado» el tratado de extradición entre ambos países, pocas horas después de que la embajadora estadounidense, Laura Dogu, expresara la preocupación de su país por la reunión entre autoridades de Defensa de Honduras y el sancionado ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López.
El portavoz estadounidense añadió que «En este momento el tratado de extradición sigue en vigor» y advirtió que su fin «perjudicará los esfuerzos de Honduras y Estados Unidos para luchar conjuntamente contra el narcotráfico y llevar a los criminales ante la Justicia».
El Departamento de Estado resaltó la necesidad de cooperación internacional para combatir crímenes transnacionales, señalando que «incluido Honduras, deben trabajar en estrecha cooperación para garantizar que quienes cometen crímenes sepan que serán llevados ante la justicia, sin importar dónde intenten esconderse»
«Estados Unidos sigue comprometido a trabajar con nuestros socios para luchar contra el narcotráfico y garantizar que los criminales sean presentados ante la justicia», agregó el portavoz, destacando que Washington «valora su larga relación con Honduras y el compromiso mutuo de defender el estado de derecho y combatir el crimen transnacional».
El canciller hondureño, Eduardo Enrique Reina, explicó este jueves que su país revocó el tratado por temor a que sea utilizado como una «arma política» para extraditar a altos funcionarios o militares por razones «puramente políticas».
En la misma línea, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, afirmó que su gobierno no permitirá que la extradición se use para «intimidar o chantajear» a las Fuerzas Armadas de Honduras.
