El Ministerio Público, tras una investigación que determinó que las irregularidades en las elecciones del 9 de marzo habrían causado un perjuicio económico superior a 64 millones de lempiras al Estado, presentó requerimientos fiscales contra los presuntos implicados. Uno de ellos ya guarda prisión.
TEGUCIGALPA. Las elecciones primarias en Honduras se vieron empañadas por irregularidades, especialmente en el traslado del material electoral, con posibles implicaciones de funcionarios del Consejo Nacional Electoral (CNE) y miembros de las Fuerzas Armadas de Honduras (FF. AA.).
La jornada estuvo marcada por retrasos en la entrega del material en Tegucigalpa y San Pedro Sula, lo que obligó al CNE a extender la votación hasta la madrugada. También hubo denuncias de fallas en el transporte de maletas electorales y acusaciones de boicot.
Contratación y perjuicio económico
El excoordinador del Proyecto Transporte del CNE, Joel Ramos García, estimó que el servicio costaría 43 millones de lempiras, pero la empresa contratada elevó el monto a más de 64 millones, superando en más de 21 millones el presupuesto original.
El contrato fue firmado el 7 de marzo de 2025, apenas dos días antes de las elecciones, lo que dejó poco margen para corregir fallos en la ejecución del servicio.
Postura del Ministerio Público
El MP sostiene que la contratación fraudulenta de la empresa transportista perjudicó la logística electoral y puso en riesgo el proceso democrático. Además, asegura que hubo complicidad de funcionarios del CNE para beneficiar a la empresa adjudicada.
Asimismo, considera que la falta de planificación adecuada hizo que las maletas de votación no estuvieran listas a tiempo para ser distribuidas en las rutas establecidas.
“Los testigos manifiestan que el material no estaba listo a tiempo, se tuvo que cargar más porque no había espacio en el almacenamiento. Las maletas del Distrito Central se cargaban en cada ruta, lo que causó desorden y retrasos”, explicó el fiscal Zelaya.
También destacó que la falta de una inspección efectiva por parte de la comisión evaluadora contribuyó a la desorganización del proceso.
Acusaciones y presentación de imputados
Tres de los seis acusados se presentaron tras los requerimientos fiscales en su contra. Dos lo hicieron voluntariamente, mientras que uno fue enviado a prisión temporal mientras se desarrolla el proceso legal.
Presentación de Denis Emilio Hércules Rosa
Denis Emilio Hércules Rosa, miembro de la Comisión Evaluadora del CNE, se presentó voluntariamente ante las autoridades tras el requerimiento fiscal en su contra.
Su abogado, Selvin López, afirmó que esta acción demuestra su disposición a someterse al proceso judicial y colaborar con la investigación.
Además, explicó que Hércules Rosa comparecerá nuevamente ante el juez para ejercer su derecho a la defensa, acceder al expediente y solicitar oportunamente una audiencia de imputado.
Comparecencia de Carlos Salomón Fonseca Robles
El empresario del transporte, Carlos Salomón Fonseca Robles, también se presentó ante los tribunales por irregularidades en la contratación del servicio de transporte para las elecciones primarias.
Su abogado, Teodoro Bonilla, aseguró que su cliente cumplió con el contrato firmado con el CNE y que los problemas logísticos fueron ajenos a la empresa.
Según la defensa, el uso de autobuses tipo «rapiditos» fue aprobado por el CNE ante la necesidad urgente de distribuir el material electoral.
Bonilla insistió en que Fonseca Robles no actuó fraudulentamente y que su cliente se presentará en audiencia cuando el juez lo determine.
Detención de Juan Carlos Canales
Juan Carlos Canales, miembro de la Comisión Evaluadora del CNE, es el único con detención judicial, acusado de delitos electorales.
Canales guardará prisión en el Centro Penitenciario de Támara hasta la audiencia inicial, programada para el 4 de abril.
Su defensa argumentó que las acusaciones podrían estar motivadas políticamente y que su cliente solo recomendaba acciones al CNE, sin tomar decisiones finales.
Postura de las Fuerzas Armadas
El exjefe de las FF. AA., René Osorio Canales, pidió a la ciudadanía confiar en la institución y aseguró que los problemas provienen de oficiales individuales, no de la institución en sí.
“Lo importante es que la población confíe en las Fuerzas Armadas. No es la institución, sino los hombres que pasan, que dejan una huella positiva o negativa”, expresó Osorio.
Osorio lamentó que los incidentes del 9 de marzo afecten la imagen de las FF. AA. y afirmó que es vital permitir que el MP determine el origen del problema.
Crisis de credibilidad electoral
El caso ha generado una crisis en el sistema electoral hondureño. Las irregularidades detectadas han aumentado la desconfianza de la ciudadanía en la institucionalidad electoral.
Las primarias evidenciaron problemas en la organización del proceso, generando dudas sobre la preparación para las elecciones generales de noviembre.
El exmagistrado Arístides Mejía advirtió que la investigación de la Fiscalía es necesaria, pero debe ser objetiva y sin motivaciones políticas.
“La Fiscalía debe investigar lo ocurrido el 9 de marzo, pues ahí se pudieron cometer delitos electorales. Sin embargo, esta medida debe ser profesional y apolítica para evitar más incertidumbre”, señaló Mejía.
Además, alertó que estas anomalías afectan la credibilidad del sistema electoral y la percepción de que Honduras no avanza en la organización de sus comicios.
“Todo lo ocurrido desde las elecciones le resta credibilidad y da la idea de que Honduras no evoluciona. Siempre estamos en elecciones al estilo Honduras”, agregó.
Medidas para los próximos comicios
Para evitar estas fallas en los comicios generales de noviembre, Mejía propuso tomar medidas concretas para garantizar la transparencia del proceso.
“Lo primero es establecer la verdad de las responsabilidades. En segundo lugar, tomar medidas creíbles para la población y asegurar que esto no vuelva a ocurrir. Y tercero, permitir que la contienda regrese a la normalidad, como una competencia justa entre los partidos”, explicó.
La claridad en los resultados de las primarias evitó un conflicto mayor, pero aún persiste la desconfianza en el CNE. Por ello, se enfatiza la necesidad de fortalecer los mecanismos de supervisión y garantizar un proceso electoral transparente en noviembre.
Fallas en la contratación del transporte electoral
El MP determinó que la empresa Ingeniería Logística y Transporte S. de R.L. de C.V. recibió un contrato de L64,789,021.78 sin contar con la flota vehicular necesaria.
Según los requisitos, debía disponer de:
• 143 furgones de 48 pies.
• 497 camiones de 24 pies.
• 82 camiones livianos de 12 pies.
Sin embargo, las investigaciones revelaron que solo contaba con 10 cabezales y dos camiones.
Aun con esta limitación, la Comisión Evaluadora del CNE aprobó la contratación sin declarar fracasado el proceso ni aplicar sanciones. Además, se constató que el uso de buses para trasladar el material electoral no estaba contemplado en el contrato.
Recomendaciones para mejorar el proceso electoral
• Auditorías independientes en la adjudicación de contratos.
• Mayor transparencia en la selección de empresas proveedoras.
• Sanciones severas para funcionarios que incumplan sus deberes.
• Participación de organismos internacionales en la supervisión electoral.
• Capacitación al personal encargado de distribuir el material electoral.
Las investigaciones en curso podrían tener repercusiones directas en las elecciones generales de noviembre. La confianza de los votantes está en juego y el CNE enfrenta el desafío de recuperar su credibilidad.
DATO: Las próximas semanas serán clave para determinar si el sistema electoral recupera la confianza o si este escándalo aumentará la incertidumbre política en el país.
