El Departamento de Justicia de EE. UU. emite memorando que autoriza investigaciones y acciones legales contra funcionarios de ‘ciudades santuario’.
El Gobierno de Donald Trump ha lanzado una nueva ofensiva contra las ciudades y funcionarios que se oponen a las políticas migratorias federales, especialmente aquellos que forman parte de las conocidas “ciudades santuario”. A través de un memorando interno, el Departamento de Justicia de EE. UU. ha ordenado investigar y procesar penalmente a funcionarios locales que no cumplan con las órdenes federales sobre inmigración, especialmente en lo que respecta a la detención y deportación de indocumentados.
El documento, firmado por el vicefiscal general en funciones, Emil Bove, señala que las autoridades locales no pueden “resistir, obstruir o incumplir” las directrices migratorias dictadas por el gobierno federal. En su texto, se establece que las oficinas de los fiscales federales y las divisiones legales del Departamento de Justicia están autorizadas para investigar casos de presunta mala conducta por parte de funcionarios locales y tomar las medidas legales correspondientes, que podrían incluir un proceso penal.
El memorando tiene como objetivo principalmente a las ‘ciudades santuario’, que son aquellas que han adoptado políticas para limitar la cooperación con las autoridades federales en la aplicación de leyes migratorias. Entre estas ciudades se encuentran algunas de las más grandes de Estados Unidos, como Nueva York, San Francisco y Los Ángeles. Estas urbes han sido un punto de fricción entre el Gobierno de Trump y los gobiernos locales, que defienden sus políticas de protección a inmigrantes indocumentados.
El Departamento de Justicia también ha dado instrucciones para que los fiscales federales tomen medidas legales en contra de las leyes locales que prohíben la cooperación con el ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas). En este contexto, el Gobierno de Trump ha dejado claro que la migración y la seguridad fronteriza son los pilares de su segundo mandato, y ha advertido que procederá con macroredadas y deportaciones masivas para cumplir con sus objetivos de control migratorio.
Esta nueva directiva refuerza el enfoque duro del presidente Trump hacia la inmigración, cuyo enfoque incluye la construcción de más barreras en la frontera con México y la imposición de restricciones más severas a la entrada de migrantes al país. Las medidas también han generado fuertes críticas por parte de organizaciones defensoras de derechos humanos, que argumentan que estas acciones podrían violar los derechos civiles de los inmigrantes y afectar a miles de personas que ya se encuentran en situaciones vulnerables.
El impacto de esta orden podría ser amplio, ya que afectaría a funcionarios locales en todo el país, enfrentándolos a posibles consecuencias legales si no cumplen con las políticas migratorias federales. Las próximas semanas serán clave para observar cómo se desarrollan las investigaciones y si los fiscales federales efectúan procedimientos legales contra funcionarios locales que desafíen las políticas del presidente Trump.
Esta decisión del Gobierno Trump ha generado un nuevo capítulo en la continua batalla sobre la inmigración en Estados Unidos, donde las tensiones entre las autoridades federales y locales siguen siendo un tema de debate y confrontación.
