Por Arlen Cortez – La Prensa Gráfica
La longevidad crece mientras disminuye la base productiva, lo que plantea desafíos para el sostenimiento económico y social.
El Salvador ha registrado un aumento sostenido de la esperanza de vida que refleja avances en salud pública, vacunación, atención médica y condiciones de vida de la población. Datos del Banco Central de Reserva (BCR) muestran que la esperanza de vida pasó de 44.3 años en 1950 a 75.6 años en 2025, y que podría rondar los 80 años para 2050.
El documento también señala diferencias por sexo: para 2025, la esperanza de vida se estima en 78,3 años para mujeres y 72,5 años para hombres. Estas cifras confirman que el país transita hacia una población más longeva, con una mayor supervivencia.
Sin embargo, la socióloga, investigadora y vicerrectora de Investigación e Innovación de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), Esmeralda Valdivieso, advierte que este incremento en la longevidad ocurre en paralelo con un cambio en la estructura poblacional que reduce la proporción de jóvenes.
Explica que “el aumento de la esperanza de vida se convierte en un problema cuando, a pesar de las medidas que han permitido la prolongación de la vida, no se cuenta con políticas y programas orientados al bienestar y calidad de vida de las personas adultas mayores”. Señala que, aunque El Salvador aún mantiene una estructura poblacional en forma de pirámide, esta tendencia está cambiando y la reducción de la población joven implica retos para el futuro productivo y social.
Valdivieso destaca que el país todavía se encuentra dentro del bono demográfico, con una edad promedio cercana a los 30 años; no obstante, subraya que no se está aprovechando esta ventana de oportunidad. Según datos que retoma de estimaciones internacionales, “el momento óptimo del bono demográfico finalizará entre los años 2030 y 2035” y afirma, las políticas actuales no muestran acciones que preparen al país para la demanda futura de servicios en un contexto de envejecimiento acelerado. Explica que este cambio, marcado por el aumento sostenido de la población adulta mayor y la disminución de la niñez, adolescencia y juventud, implica una menor base laboral para sostener los sistemas de pensiones, cuidados y salud.
El impacto de esta transición también se refleja en los hogares. Valdivieso señala que están aumentando los hogares intergeneracionales debido al envejecimiento de la población y a las dificultades económicas para que jóvenes y nuevas familias accedan a vivienda.
Añade que “la persona cuidadora suele ser una mujer y, comúnmente, una mujer mayor”, aunque también se registra un aumento de mujeres jóvenes y adolescentes asumiendo tareas de cuidado debido a la migración en edades productivas. Esto, según la investigadora, tiene repercusiones en las oportunidades de estudio, empleo y desarrollo económico de las personas cuidadoras, y evidencia la necesidad de programas de acompañamiento y formación para cuidadores informales.
Valdivieso subraya que el incremento de la esperanza de vida requiere preparación institucional y social para los próximos años. Afirma que “es urgente prestar toda la atención y generar reflexión sobre el aumento de la esperanza de vida y sus implicaciones”, y señala la importancia de fortalecer la cobertura y disponibilidad de servicios geriátricos, así como de considerar a los grupos de adultos mayores en mayor vulnerabilidad.
