El Gobierno español aprobó este martes una reforma del reglamento de la ley de extranjería que reduce plazos y simplifica requisitos para regularizar a migrantes que viven en España sin papeles, del que podrían beneficiarse unas 300.000 personas cada año en los próximos tres.
Así lo señaló la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en el que detalló los principales cambios.
Entre ellos, se reduce de 3 a 2 años el tiempo de permanencia en España necesario para acceder a las figuras de arraigo, que podrá ser social, sociolaboral, familiar, socioformativo y de segunda oportunidad, este último de nueva creación.
Además, establece que todos los visados tendrán una duración inicial de un año y las renovaciones de cuatro, con el fin de evitar situaciones de irregularidad sobrevenida.
También refuerza la protección para los trabajadores de temporada y mejora la reagrupación familiar.
En este punto, entre otras medidas, se amplía la edad de los hijos beneficiarios de 21 a 26 años, se incluyen otras realidades como las parejas no registradas formalmente que puedan acreditar una relación afectiva análoga y se permite la reagrupación de los hijos y progenitores de víctimas de trata, violencia sexual o de género.
La mayoría de las personas que se van a beneficiar de esta medida son personas que han obtenido la nacionalidad española en los últimos años y podrán traer a su familia.
En cuanto a la formación, las personas que vengan a España para cursar sus estudios contarán con una autorización de estancia inicial que dure el mismo tiempo que su formación y se les facilitará una vía rápida para poder enlazarla con una de trabajo cuando acaben los estudios.
«Hemos estimado que con esta reforma puedan regularizarse, de media, 300.000 personas al año durante los próximos 3 años», apuntó Saiz.
La ministra recordó algunos datos en favor de la inclusión de las personas migrantes en el mercado laboral, como que, según diversos organizaciones internacionales como Naciones Unidas, España necesita entre 250.000 y 300.000 trabajadores extranjeros al año para sostener su estado de bienestar.
