El préstamo tendría un plazo de 48 meses y se enmarca dentro del programa Servicio Ampliado del FMI (SAF), como lo firmado en 2019 y 2020, durante el gobierno de Lenín Moreno y renegociado en 2021, en la administración de Guillermo Lasso.
En medio de críticas por parte de organizaciones como la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), el ministro de Economía y Finanzas, Juan Carlos Vega, destacó que el plan del gobierno del presidente Daniel Noboa es sólido y recibe el respaldo de organismos multilaterales.
En comunicado, el funcionario manifestó que, de darse la aprobación del crédito en el directorio del FMI, el país sudamericano accederá a recursos frescos que ayudarán a sostener la seguridad ciudadana, impulsar obra pública, garantizar la protección social, entre otros objetivos.
La Conaie, por su parte, afirmó que este nuevo acuerdo con el FMI no es un “premio” para Ecuador, sino un castigo que aumenta la deuda y exige más sacrificios, sin aportar beneficios claros.
Dicho colectivo pidió a la Asamblea Nacional (parlamento) y a la Corte Constitucional que actúen de inmediato, “para exigir que se transparenten los términos de este acuerdo, que han sido negociados en secreto”.
El portal digital Primicias precisó que este sería el programa de crédito número 23 de Ecuador con el FMI.
El economista Marco Flores advirtió en su cuenta en la plataforma X que el nuevo préstamo servirá para pagar al propio organismo internacional parte de los ocho mil millones de dólares que Ecuador le debe a esa entidad.
La problemática para las familias ecuatorianas viene con el cumplimiento de las condiciones que exige el FMI y que piadosamente denomina «programa de políticas económicas y reformas estructurales», subrayó Flores al referirse a “las condiciones de fuerte impacto social que aplauden y profundizan los neoliberales criollos”.
En ese sentido, alertó que lo próximo será elevar el precio de venta de los combustibles.
