Redacción LVI.
El Gobierno de Honduras ha iniciado un proceso de fiscalización sobre la emisión de pasaportes diplomáticos vitalicios, tras denuncias de «abusos» y privilegios injustificados concedidos durante la administración anterior. La medida busca transparentar el uso de estos documentos y alinearlos con los estándares internacionales de movilidad oficial.
Denuncian «exceso de privilegios»
El diputado del Partido Nacional, Antonio Rivera Callejas, fue quien dio la voz de alerta al calificar como un «abuso administrativo» el acuerdo emitido en junio de 2025. Según el legislador, la normativa vigente extendió beneficios diplomáticos de por vida a una lista inusual de beneficiarios que incluye no solo a altos mandos, sino también a sus cónyuges, asesores y asistentes.
«Se otorgaron privilegios a personas que no cumplen con los méritos necesarios. Es un exceso que debe ser corregido para evitar injusticias», sostuvo Rivera Callejas.
El plan de revisión de la Cancillería
En respuesta a estas críticas, el designado presidencial Carlos Flores confirmó que la canciller Mireya Agüero liderará una auditoría exhaustiva. La Secretaría de Relaciones Exteriores realizará un levantamiento de datos para determinar:
- El número exacto de pasaportes diplomáticos (regulares y vitalicios) activos.
- La situación del personal de administraciones pasadas que aún conserva estos documentos.
- La validez legal de los beneficios otorgados a figuras de menor rango jerárquico.
¿Qué dice el reglamento actual?
La normativa aprobada por el excanciller Enrique Reina establece que los pasaportes oficiales tienen vigencia de uno a cinco años. Sin embargo, la polémica radica en las cláusulas de vitaliciad, que actualmente amparan a:
- Expresidentes de los tres poderes del Estado y sus cónyuges.
- Excancilleres y exvicecancilleres.
- Exsecretarios y subsecretarios de Estado junto a sus parejas.
Expertos en derecho diplomático coinciden en que la revisión es imperativa para garantizar la equidad institucional y evitar que un documento de servicio se convierta en un beneficio personal permanente sin justificación de Estado.
