📍 Tegucigalpa. Honduras entra a la recta final hacia las elecciones generales del 30 de noviembre, un proceso que se anuncia decisivo para el futuro del país, pero que ya está marcado por la polarización política, la falta de propuestas claras y una profunda desconfianza en las instituciones.
Más de seis millones de hondureños están convocados a las urnas en medio de un clima donde los ataques personales entre candidatos han pesado más que las ideas de gobierno.
Los protagonistas de la contienda
La presidencia se definirá principalmente entre:
- Rixi Moncada, candidata oficialista del Partido Libre.
- Nasry “Tito” Asfura, aspirante del Partido Nacional.
- Salvador Nasralla, representante del Partido Liberal.
En la papeleta también estarán Nelson Ávila (PINU-SD) y Mario Rivera (Partido Demócrata Cristiano), aunque sus candidaturas son vistas con menor alcance frente a los tres bloques dominantes.
Con un padrón electoral de seis millones de votantes habilitados, la competencia se anticipa reñida y la campaña arrancó oficialmente este 1 de septiembre, aunque en la práctica la confrontación ya llevaba meses.
Un país cargado de crisis sin resolver
Honduras llega a estos comicios con un historial de conflictos que aún pesan en la memoria colectiva:
- Los años 80, con desapariciones forzadas en nombre de la “doctrina de seguridad nacional”.
- El golpe de Estado de 2009 contra Manuel Zelaya, que abrió un ciclo de inestabilidad aún latente.
- La reelección de Juan Orlando Hernández en 2017, pese a la prohibición constitucional, que desató protestas violentas y minó la confianza ciudadana.
- Las primarias de marzo de 2025, que ya dejaron huellas de polémica por irregularidades.
Lejos de resolverse, cada crisis se ha ido acumulando, alimentando un ambiente de escepticismo y desconfianza generalizada.
El CNE bajo presión
La institucionalidad tampoco escapa a la tensión. En julio, la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, advirtió que las elecciones estaban en “grave riesgo” por los enfrentamientos internos entre los consejeros.
Aunque finalmente el 29 de agosto se logró un acuerdo unánime para adjudicar a la empresa colombiana ASD S.A.S el manejo del Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), la confianza en el árbitro electoral ya quedó resentida.
Lo que dicen los analistas
El defensor de derechos humanos Joaquín Mejía subraya que la actual crisis no es casualidad:
“Las crisis hondureñas no surgen de la nada, han sido condicionadas e intencionadas por la élite política de todos los partidos. El objetivo es profundizar la desconfianza en la institucionalidad, lo cual es grave y peligroso para la democracia”.
Según Mejía, el verdadero problema está en que las crisis no se resuelven, solo se acumulan:
“Después de los 80, Honduras debió emprender un proceso de justicia transicional para sancionar a responsables y reparar a las víctimas. Como no se hizo, las elecciones siguen siendo un factor que agrava la crisis en lugar de resolverla”.
Un noviembre decisivo
Con un electorado cansado de promesas incumplidas y un sistema político que no logra despejar dudas, Honduras se encamina a unas elecciones que podrían marcar un nuevo rumbo o profundizar aún más la fractura.
El 30 de noviembre no solo se juega quién será el próximo presidente, sino también la credibilidad del proceso democrático en un país donde las heridas del pasado siguen abiertas.
